Sí, querido lector: al parecer, está usted leyendo a un privilegiado de la sociedad. Y le voy a explicar el porqué.

Resulta que ayer mismo alguien me dijo que era un privilegiado por tener trabajo. Me lo dijo sin acritud, desde la perspectiva de quien ya lleva un año en el paro y ve cómo el futuro de su familia se vuelve cada día más incierto. No se lo reprocho, pero me va a tener que permitir que disienta profundamente de esa concepción de la sociedad donde un simple trabajador es un privilegiado.

Tengo un puesto de trabajo muy digno, con un salario suficiente para vivir y un horario que me permite disfrutar de unas horas de tiempo libre cada día. Incluso me puedo permitir elegir las fechas de mis vacaciones o de mis días libres, hasta cierto punto. Llevo más de veinte años trabajando en la misma empresa y no tengo motivo de queja, más allá de detalles de poca importancia. Sin embargo, puedo decir que mi coche es más pequeño, más barato y más viejo que el de la persona que me llamó privilegiado, y que al contrario que ella, yo no tengo pisito en la playa para pasar los fines de semana. Así pues, y aunque vivo una vida digna, no es que me sobre para muchos lujos.

No soy un privilegiado. Decir eso es hacerle el juego a quienes mantienen al país en un permanente equilibrio inestable al borde del abismo económico, con una tasa de paro insostenible donde uno de cada cuatro trabajadores se encuentra sin empleo, y donde los otros tres, bien trabajan en condiciones muy precarias, bien esquivan cada día la espada de Damocles de la temida carta de despido (o SMS de despido, que hasta a eso se ha llegado ya).

Son los individuos que ostentan el poder (un poder que, resignémonos, todos les hemos entregado en bandeja de una u otra forma) los que, consciente y premeditadamente han conducido al país a esta situación, y todo con un objetivo claro: destruir el Estado del bienestar, los servicios públicos y los derechos laborales que tanta sangre obrera ha costado a lo largo del último siglo.

Hay que resignarse a contemplar cómo han tenido éxito en este desempeño: cómo han conseguido demonizar a los sindicatos hasta que los mismos trabajadores huyan de ellos; cómo no dudan en revocar leyes para favorecer la implantación de condiciones laborales aún más precarias que sólo favorecen a los grandes empresarios, mientras hunden al pequeño comercio, que no puede competir ni en precios ni en horarios ni en impuestos con estos tiburones de las grandes superficies; cómo lo que un día fue de propiedad pública acaba en manos de sus amigos a precio de saldo, arruinando la calidad de los servicios necesarios para la ciudadanía como los transportes, la sanidad o la educación en aras del desmesurado lucro de la oligarquía que acapara estos servicios. Un lucro que, por cierto, pagamos con el dinero de nuestros impuestos.

Mientras tanto, una cada vez mayor bolsa de población que ya alcanza a tocar la miseria con los dedos nos recuerda a los trabajadores que somos unos privilegiados por poder llevar un salario digno a casa. En estas condiciones, ¿quién se pone a reivindicar o ni siquiera a defender sus derechos laborales? En las últimas movilizaciones y huelgas he llegado a escuchar a personas desempleadas criticando a aquellos que luchan por sus derechos con el argumento de que bastante tienen con poder ir a trabajar, sin pararse a pensar en qué condiciones están los trabajadores que protestan. Ahora son ellos, los desposeídos de empleo, la mejor defensa del empresario y del gobierno; son ellos los que han puesto el listón de la lucha de clases por debajo de la  clase obrera, metiendo a los trabajadores en el mismo saco de empresarios, políticos, sindicalistas y banqueros, “privilegiados” sin autoridad moral para defender lo que creemos que nos corresponde. Sin embargo ellos, sin cabeza, sin objetivos definidos, sin líderes, sin más ideología que la indignación, pretenden ser la punta de lanza de la revolución por venir en el siglo XXI.

Pues me parece a mí que no.