Manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en internet"

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

Malviviendo

Hay que tener mucho arte, talento del bueno y ganas de trabajar, de crear algo nuevo desde la nada, para conseguir lo que la gente de Malviviendo nos está dando desde hace meses. Cuando se ven cosas como ésta, hay que quitarse el sombrero, relajarse y disfrutar de la experiencia de este humor callejero y arrastrado. Y además, hecho en Sevilla. Es una recomendación de El ojo del tuerto para este fin de semana. Nos vemos en el Evento Blog.

La ciencia en España no necesita tijeras

No al recorte del Presupuesto en I+DPorque a lo largo de nuestra historia hemos perdido demasiados trenes. Porque el progreso no espera a los tacaños. Porque lo que inventan otros, lo cobran otros. Porque la investigación nunca es un depilfarro, sino la mejor de las inversiones (junto con la educación). Porque a pesar de las crisis económicas, un país siempre debe saber que su futuro es lo que realmente importa. Porque invertir en ciencia y en el desarrollo tecnológico es la más socialista de las políticas. Porque nuestros científicos tienen derecho a quedarse en su propio país, y aportar lo mejor de sí mismos aquí. Porque ya hay demasiados fuera de España, y porque durante muchos años han sido muchas las grandes mentes españolas que han tenido que irse. Porque nuestros investigadores son lo mejor de entre nosotros, y no deben tener un empleo precario. Porque para cambiar el modelo productivo de España, antes hay que inventar un nuevo modelo productivo…

Por todo ello, y un sinfín de razones que ahora no se me ocurren, pero que a buen seguro mis compañeros de iniciativa habrán sabido explicar, El ojo del tuerto se opone a cualquier reducción presupuestaria en las partidas destinadas a la investigación y el desarrollo para 2010.

Anatomía de un "efecto Menéame"

El pasado día 25 de julio, una entrada de esta humilde página llegó a la portada del agregador de noticias Menéame gracias al irreductible Javi Peláez. No fue una entrada difícil de escribir, ni más ingeniosa que otras (personalmente creo que menos), pero por lo que se ve, gustó bastante a la gente. El resultado en términos de visitas es el que sigue:

Ahora el nivel de visitas ha vuelto a su estado original, pero ahí queda esta imagen como prueba de que El ojo del Tuerto también tuvo una vez sus quince minutos de gloria.

Esta entrada se la dedico con cariño a los lectores que componen ese reducido fondo de visitas habituales, a los que vuelven aquí una y otra vez a leer mis chorradas y que algunas veces tienen el detalle de dejar caer aquí sus opiniones.

Actualización:

Para tranquilizar a nuestro amigo Javier Sanz, dos pantallazos que demuestran que El ojo del Tuerto es capaz de resistir muchos, muchos efectos Menéame. Modestia aparte, pa’ eso me cuesta un pastón al año. No es por hacerles propaganda, pero en servidores web, los americanos son los number one, y mucho más baratos que en España.

Consumo total de Julio (efecto Menéame incluído): 15,39 GBAncho de banda mensual del alojamiento: 400 GB

Tambores de guerra en la industria audiovisual

Si desde esta misma página yo propusiera el asalto armado a alguna de las instituciones del Estado, o me dedicara a promover cualquier forma de terrorismo, violencia o conculcación de la ley, estoy más que seguro de que, en menos que canta un gallo, sería identificado, detenido y acusado del correspondiente delito en que hubiera incurrido. Lo mismo da que el alojamiento y el dominio de El ojo del tuerto hayan sido contratados en un país extranjero, o que incluso haya tenido la precaución de proteger mi identidad pagando un sistema de protección gracias al cual mis datos personales no aparecen en el “whois” del dominio. El delito en internet tiene las patas muy cortas, y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (por suerte) tiene el brazo muy largo.

La Guardia Civil, como es bien sabido, cuenta además con la inestimable colaboración de los internautas, que no dudan en poner en su conocimiento cualquier actividad delictiva que detecten, lo que agiliza y facilita el trabajo de los agentes del GDT. Sucede muy a menudo, y los casos más llamativos son los referidos a temas de pederastia y pornografía infantil, donde una simple denuncia puede desencadenar la caída de una red completa de decenas de individuos que se dedican a compartir este repulsivo material. Esto demuestra que la ley en internet se cumple, y que los usuarios de la red somos los primeros interesados en que así sea.

Pero ahora la industria del entretenimiento audiovisual, a la que me niego a llamar “industria cultural” o “mundo de la cultura” por mucho que la expresión haya calado con fuerza en los medios de comunicación tradicionales, quiere dar una nueva vuelta de tuerca en su incansable ambición de exprimir al ciudadano, y quiere contar para ello con la ley de su parte aun a costa de pisotear los derechos civiles del resto de los españoles.

En los últimos días se han producido dos acontecimientos que marcarán un antes y un después en la historia del intercambio de información por internet: La primera es la sentencia en Suecia contra The Pirate Bay, cuyos propietarios han sido condenados a pagar una elevada suma económica por permitir desde sus páginas el intercambio de material protegido por derechos de copia a traves de enlaces y archivos torrent. ¡Ojo! No se condena a las personas que puedan haber incurrido en un supuesto delito de intercambiar material protegido por derechos de copia, sino que se condena a quienes permiten esas actividades, cuantificándose una indemnización exagerada en base a no sé qué criterios de supuestas pérdidas económicas para los demandantes.

Bueno, puede que esto pueda suceder en Suecia, pero no pasará lo mismo en España… ¿O sí?

Pues sí. Hace sólo unos días, el webmaster de la página InfoPSP, dedicada a la misma actividad que The Pirate Bay y alojada en España, aceptaba declararse culpable y pagar una cantidad económica de 4.900 euros a cambio de no ver eternizado el problema legal en el que se había visto envuelto tras la denuncia de la omnipotente SGAE. El webmaster de InfoPSP justifica su proceder porque aunque los tribunales suelen resolver con absoluciones estos casos en la vía penal, la SGAE podría seguir demandando por la vía civil, lo que aparejaría a este chaval unos gastos en defensa legal incluso mayores que los 4.900 euros que se ha visto obligado a pagar. En fin, nadie que no esté en su pellejo, enfrentado a los grandes tiburones legales a sueldo de la SGAE, puede criticar que quien sí lo esté trate de buscar la salida menos dolorosa para escapar del trance.

La ministra de "cultura", Ángeles González-Sinde, apodada por la comunidad internauta como "SINDEscargas".En la SGAE están que tiran cohetes de feria con todo este asunto. Además del triunfo legal arrancado a este humilde chaval elegido como cabeza de turco, el reciente nombramiento de la ministra de cultura Ángeles González-Sinde, que procede directamente del negocio de la producción audiovisual y sigue siendo parte interesada de éste (tanto ella como su familia inmediata), pone por delante un futuro prometedor para la larga reivindicación de las entidades de gestión de derechos sobre el control del tráfico de información en internet. El nuevo paso adelante para estas entidades es el cambio en la legislación española; un cambio que prohiba de una vez para siempre el intercambio de archivos a través de internet.

Mientras tanto, SGAE y el resto de entidades de gestión de derechos ultiman con las operadoras de telefonía e internet el sistema de control de los usuarios, proponiendo ya la desconexión de los que, según ellas, más archivos intercambian, sin esperar reforma legal alguna. Esto último es lo que más desasosiego me produce, ya que introduce varias incógnitas para las que no tengo respuesta:

  1. ¿Las entidades de gestión de derechos y las operadoras de telefonía podrán desconectar a un usuario por “intercambiar archivos”? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quienes son estos señores que se arrogan el derecho de dar o no dar acceso a la red en base a algo tan subjetivo?
  2. ¿No necesitarán autorización de un juez para poder desconectar a un usuario por intercambiar archivos? ¿Es que acaso el sistema judicial ha delegado en ellos como agentes de la autoridad, siendo como son parte interesada e inmersa en un irresoluble conflicto de intereses?
  3. ¿Qué pasó con el derecho al secreto de las comunicaciones? ¿Cómo sabe SGAE o ninguna otra gestora de derechos qué usuarios son los que más archivos intercambian? Es más, si realmente lo saben a través de algún tipo de filtración, ¿Cómo se atreven a decirlo públicamente, reconociendo la comisión de un presunto delito contra el secreto de las comunicaciones?
  4. ¿Me desconectarán de internet por compartir cualquier clase de archivo? ¿Podrían desconectarme por intercambiar la última versión de Ubuntu que comparto a través de torrent desde que fuera publicada para facilitar su difusión? ¿Demonizarán para siempre el intercambio de cualquier clase de archivos o podrán (y querrán) discriminar sólo aquellos que estén sujetos a derechos de autor? Además, que yo sepa, en España no es delito compartir o copiar archivos protegidos por derechos de autor si no media ánimo de lucro.
  5. ¿Qué va a pasar con los derechos de los ciudadanos? ¿Indemnizarán en aquellos casos en que tras una desconexión no quede demostrado que el usuario estaba compartiendo archivos protegidos, o volverán a invertir la carga de la prueba, como en el caso del canon digital que nos hace a todos “presuntos delincuentes”? Item más: ¿Serán acaso las mismas operadoras y gestoras de derechos las que efectúen las pruebas periciales para determinar qué usuarios comparten archivos protegidos?
  6. ¿Prohibirán cualquier clase de intercambio de archivos en internet y, en ese caso, sabrán explicar a los ciudadanos entonces para qué otra cosa sirve internet si no es para intercambiar información en forma de archivos? ¿Sabrán las operadoras cambiar a tiempo su modelo de captación de clientes, actualmente basado en la posibilidad de descargar material audiovisual?

Yo lo tengo muy claro: en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (que es de donde al final vienen todas estas directivas tendentes a limitar la libertad de los ciudadanos en el mundo digital) pienso votar a un partido que no ponga zancadillas al libre intercambio cultural, y que no esté a las órdenes de las multimillonarias sociedades de gestión de derechos, llámense como se llamen. Lo haré porque, aunque creo que será desperdiciar mi voto, considero que las elecciones al Parlamento Europeo ya están bastante desvirtuadas por la clase política, y además, no quiero que con mi voto sigan haciéndose millonarios los de siempre a base de cobrar dietas y sobresueldos que no se ganan.

Y si el día de mañana terminan prohibiendo el intercambio de archivos por internet, no diré que me daré de baja de mi acceso a internet, porque considero que además de un derecho, internet es hoy necesario para infinidad de gestiones, y no puedo prescindir de ella; sin embargo, ya que me va a sobrar un buen montón de ancho de banda, tengo la sana intención de abrir mis cuatro puntos de acceso inalámbricos para compartir mi conexión con los vecinos, y a lo mejor así les ahorro un buen dinero en su factura de teléfono. Con eso no sólo estaré mejor visto en mi calle, sino que además habrá como diez o doce clientes de internet que se darán de baja de sus respectivas operadoras como consecuencia directa del acuerdo que éstas han alcanzado con las entidades de gestión de derechos.